Agua y Aceite

17/11/2014 - 21:57:15 hs.

Motos y Municipalidad: Una política pública absurda, y discriminatoria

 Por Eduardo Victor Lapenta - Partido Socialista de Azul

La falta de ideas caracteriza a esta gestión municipal. En este caso, ni siquiera parecen vislumbrar las consecuencias de lo que hacen. Los funcionarios municipales se regocijan porque tienen quinientas (500) motos secuestradas, y piensan quedárselas. La excusa son los accidentes de tránsito mortales, pero no pueden explicar porque siguen ocurriendo, aunque hayan suprimido de la circulación ese enorme número de motocicletas.

Ahora nos explican (El Tiempo, 12/11/2014) que van multiplicar los operativos de tránsito, para secuestrar mayor cantidad de motos, aunque no estén circulando: basta con que estén estacionadas en la vía pública, por ejemplo, las que no tengan patente. Pero no pueden explicar ¿qué relación existe entre la falta de patente y un accidente de tránsito?

Está claro que a todos nos preocupan los accidentes con lesiones o muertes. También sabemos que es su deber, hacer algo. No todos los accidentes son culpa de los motociclistas, aunque es cierto que algunos conducen arriesgando su vida, por la velocidad de circulación o las maniobras en contramano.

De acuerdo con la población, podemos estimar que Azul tiene unas 10.000 motocicletas, una cada seis habitantes. El incremento exponencial de estos vehículos, en su mayoría adquiridos por jóvenes de menores recursos, obedece a distintas causas. Una de ella es la deficiencia del transporte público colectivo, en la calidad del servicio, recorridos, puntualidad, etcétera. Otra es la economía, frente al costo de los remise o taxis, y la libertad de no perder tiempo esperando. Usan los ciclomotores para concurrir a su trabajo, a su lugar de estudio, como transporte familiar para llevar los hijos a la escuela, o como esparcimiento durante los fines de semana.

¿Es peligroso? Sí. Pero ¿cuáles son las alternativas de transporte que les propone la Municipalidad? Es fácil apuntar con el dedo cuando se tiene un auto (¿oficial?) en la puerta.

El secuestro de un ciclomotor es muy gravoso para el joven. Lo adquirió con mucho esfuerzo, pagándolo en cuotas, tal vez durante años. Un ciclomotor cuesta unos $ 14.000, y tan necesario se lo considera, que el gobierno nacional lo incluyó entre los “precios cuidados”. Si el joven lo usaba para trabajar, perdió de hacerlo. Tendrá que gastar en un remise, porque la ciudad no está cubierta por el recorrido de las líneas de colectivos. Lucio Castiglione o “Pieri” Saldaño, ¿tienen algo que ver con el transporte colectivo? Acaso la incumbencia sea de los extraterrestres.

La Municipalidad, con el secuestro, implementa una suerte de confiscación. El joven no podrá retirar su ciclomotor sin pagar el valor conjunto de la multa, derecho de acarreo y estadía diaria. Y no tiene la plata para hacerlo. Entonces deja su ciclomotor indefinidamente. Ahora, con la ayuda del Concejal Rodolfo Rancez, van legalizar esa confiscación, y así podrán utilizar los vehículos secuestrados con sus amigos. ¿Es indispensable el secuestro? ¿El secuestro evita accidentes? ¿Qué pasa si el joven no tiene dinero para recuperar el ciclomotor?

El joven pierde la moto, tal vez lo único que tiene, lo único que pudo comprar con el sueldo magro que le pagan, muchas veces en negro, sin registración. Otras haciendo changas con la misma moto. Solo para que quede en actas: ¿Cuántos BMW o Audi han secuestrado? ¿Ninguno ha  cruzado un semáforo en rojo o circulado a exceso de velocidad? ¿Cuántos Mercedes Benz quedaron sin retirar, y serán propiedad del municipio?

No hay que ser muy inteligente para entender que es una política pública discriminatoria, en contra de los jóvenes de menores recursos. Los que viven más lejos, los que tienen más dificultades para llegar a su trabajo, los más vulnerables.

Y luego nos quejamos de la agresividad, cuando promovemos la violencia institucional organizada. O reclamamos que “colaboren” cuidándose de dañar los bienes públicos, mientras le sustraemos el bien privado, tal vez lo único que tiene. Ponemos a la policía a sacarles el ciclomotor a los jóvenes, a exacerbar la hostilidad entre ellos, y luego les pedimos que ayuden a la prevención o sanción de delitos. Mensajes  esquizofrénicos, producto de la improvisación, de la superficialidad. No saben, no estudian, y tampoco preguntan.

Allí van los funcionarios municipales pidiéndole a los jóvenes que se detengan en el operativo de tránsito, que no hagan “locuras”, que nos entreguen voluntariamente la moto para secuestrarla. Claro, pero ellos saben que hay 500 jóvenes que no pudieron recuperarla. Y los funcionarios lo exhiben como un logro, en lugar de avergonzarse y ponerse a analizar las causas. 

Hay que tranquilizar la sociedad, especialmente desde lo público, con conductas coherentes, previsibles, con diálogo, con información conducente, conociendo los problemas en lugar de refugiarse en el poder.

La Municipalidad haría bien en entrevistar a cada uno de los jóvenes que no retiró el ciclomotor. Para ver a donde está el error. Porque nadie en su sano juicio puede aceptar que la comuna sea un “recolector de motocicletas”, como si fueran parte de la basura urbana.

Luego, establecer las causas por las cuales hay ciclomotores sin patente, si debiera entregarse patentada desde la agencia de venta. Tal vez haya que infraccionar a las agencias que los venden de este modo. Antes que me lo pregunten: Sí, lo hice cuando estuve como Juez de Faltas, pueden ver los expedientes en el Juzgado Contravencional.

Una política de prevención supone: a) actuar sobre las causas, por ejemplo, alternativas de transporte; b) priorizar la sanción de aquello que sea causa efectiva de accidente, por ejemplo, exceso de velocidad; y c) dimensionar la respuesta para evitar mayor conflictividad social esteril.

Cuando no se cumplen estas premisas básicas, lo que queda es mero regocijo del funcionario que ejerce absurdamente el poder, que tal vez resulte grato para alguno, pero no tiene por finalidad –o no sirve– para evitar accidentes, y mucho menos para mejorar la cohesión social.

Haría bien el Concejo Deliberante en llamar a una audiencia pública, en dictar una Ordenanza correctora, porque este tema tampoco está bien gestionado por el Intendente municipal y sus funcionarios.

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