Agua y Aceite

14/06/2019 - 12:41:10 hs.

La COVIR: El Estado a merced del capital agrario.

  Por: Juan Rubolino - Pre-candidato a intendente por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad

La Comisión Vial Rural del Partido de Azul (COVIR) ha vuelto a ser noticia. La misma se conformó en 2016 ante el reclamo de la Sociedad Rural de Azul sobre el uso de lo recaudado por la tasa vial rural en el mantenimiento y arreglo de los caminos rurales del municipio. De este modo la ordenanza Nº 3734/2015 le otorga el manejo de fondos municipales para obras viales rurales a la Sociedad Rural.

Días atrás la problemática fue debatida nuevamente en el Concejo Deliberante. El bloque del duclosismo (GEN/Azuleños para el Cambio) presentó un proyecto de resolución exigiendo la aplicación de dicha ordenanza. El mismo fue acompañado por TODOS los bloques que tienen representación en el Concejo Deliberante. La grieta se cierra cuando el lobby del capital agrario juega sus fichas. A contra mano de esto los pobladores de las zonas rurales luchan de manera incansable para que sus hijos puedan ir a la escuela. El Estado municipal le garantiza al capital agricolaganadero el manejo de la caja, pero a los pobladores rurales no le garantiza el transporte escolar, servicio que se ha visto cortado en innumerables oportunidades.

Existe una realidad concreta y es que los caminos rurales del Partido son intransitables. Pero la creación de una entidad estatal/empresarial que maneje fondos que son del Estados no soluciona el problema.

Agrotóxicos: Un proyecto de ordenanza al servicio de los Monsanto.

En el mes de abril el concejal de Unidad Ciudadana, Nicolás Cartolano presentó un proyecto de ordenanza sobre el uso de agrotóxicos en nuestra ciudad. El mismo contempla la creación de tres zonas para la reglamentación de su uso, “una es la de exclusión; otra de amortiguación; y la tercera es la zona en la cual se van a poder utilizar”  (El Tiempo - 08.04.19)

En primer lugar este proyecto está en línea con la resolución de María Eugenia Vidal por la cual autoriza la aplicación de agrotóxicos en los lotes contiguos al área urbana, suburbana, cuerpos de agua, escuelas y reservas naturales. La misma deja librado a que cada municipio delimite las áreas o establezca la zona de amortiguamiento. Esto implica un desconocimiento total de los efectos de la pulverización, con utilización de equipos aéreos y también con terrestres; la deriva que puede producirse de las microgotas puede alcanzar varios miles de metros.

 “No podemos prohibir la utilización porque no está demostrado que produzca cáncer” sostiene Cartolano y se pone el disfraz de “paladín de Monsanto”. El glifosato no sólo provoca cáncer. También está asociado al aumento de abortos espontáneos, malformaciones genéticas, enfermedades en la piel, respiratorias y neurológicas. La Red de Médicos de Pueblos Fumigados sostiene que son 13, 4 millones las personas afectadas. Casi la tercera parte de la población total.  En los pueblos fumigados más del 30% de las personas que mueren en estos pueblos fallecen por cáncer.

En un claro ejemplo de esto es que el sábado 8 acaba de fallecer de cáncer la luchadora docente Ana Zabaloy, quien durante seis años al frente de la escuela N° 11 de San Antonio de Areco sufrió los perjuicios de las pulverizaciones en los campos limítrofes a su escuela y fue una incansable luchadora por proteger a sus alumnos y a la comunidad de la región.

En nuestro partido, hay un alto porcentaje de población expuesta al contacto con agroquímicos, sobre todo en las localidades donde los mosquitos fumigadores sobrevuelan a pasos de las casas. Es necesario un estudio científico sobre la cantidad de casos de cáncer, abortos espontáneos y malformaciones genéticas sobre estas poblaciones y determinar el vínculo directo entre el uso de pesticidas y la proliferación de estas enfermedades.

Para cuidar la salud de nuestro pueblo, desde el Frente de Izquierda planteamos: La prohibición de los agrotóxicos altamente peligrosos, La adopción de prácticas agronómicas sustentables, con rotaciones de cultivos, en toda la superficie de producción.

Un programa para los obreros rurales, una salida para la ciudad.

Sobre la base de la recaudación impositiva a las grandes extensiones y capitales, y de la afectación del impuesto inmobiliario, un plan de obras destinada al arreglo y mantenimiento de los caminos rurales bajo control de los trabajadores rurales, pequeños productores agropecuarios y comunidad educativa de las escuelas rurales.

Somos partidarios de la expropiación de los grandes latifundios y su puesta en manos del Inta para producción y experimentación, administrado por los municipios bajo gestión de los trabajadores. Hasta que eso ocurra, se debe imponer un impuesto creciente y progresivo a los grandes latifundios y a los pulpos agroindustriales, proporcional a la desgravación impositiva para las unidades de producción familiar. El desarrollo de un centro de investigación y producción de semillas en manos del Estado y bajo control de trabajadores y técnicos.

Esto debe ir acompañado de un aumento impuesto a la piedra, la apertura de los libros de las empresas; la publicidad (deben ser de dominio público) de las declaraciones de producción de la empresa, para que sean cotejadas con los informes confeccionados por los trabajadores.

Esto permitirá engrosar las arcas municipales, aumentar el presupuesto en las áreas más sensibles (Desarrollo Social, Educación y Salud), además de otorgar el pase a planta permanente de todos los trabajadores municipales y un aumento de salario que esté por encima de la canasta básica. La urbanización de todos los barrios y un plan de viviendas populares en tierras fiscales, como también la estatización del transporte público para que este servicio llegue a todos los barrios y sea accesible para los trabajadores.

Pero todo esto es imposible de lograr sin la ruptura con el FMI y el no al pago de la deuda externa. La nacionalización de la banca y del comercio exterior evitará la fuga de capitales, y cuidará a los pequeños ahorristas y brindará créditos baratos. Por un gobierno de trabajadores que imponga un plan económico obrero y popular debatido y gestionado por los propios trabajadores.

Volver