Agua y Aceite

25/09/2011 - 20:21:55 hs.

La APDH de Azul propone a los candidatos a intendente la creación de una Secretaría de Derechos Humanos Municipal

 La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Azul –APDH de Azul- propone a todos los candidatos a intendente que participan de las elecciones del 23 de octubre, la creación de la Secretaría de Derechos Humanos en el área municipal. Esta secretaría funcionó con otro rango y otros objetivos dentro del organigrama municipal, siendo desactivada casi doce años atrás en la primera gestión del Dr. Omar Duclós, sin que se reabriera hasta la actualidad.

La APDH de Azul realizó un diagnóstico de la situación actual en nuestra ciudad, que parió a este organismo diez años atrás, en inclaudicable defensa de los Derechos Humanos, tarea que prosiguió sin interrupciones hasta nuestros días. Y hoy más que nunca, vemos necesarias una serie de transformaciones que se alienten desde el Estado, que permitan acentuar las políticas públicas de inclusión reales y real respeto por los derechos humanos y la integridad del hombre, en su derecho a vivir en un hábitat saludable.

En este contexto, es necesario puntualizar algunas reflexiones, que funcionen a modo un diagnóstico de la situación de Azul, respecto al cumplimiento y respeto de los derechos humanos en estos días.

La juventud azuleña es avasallada continuamente en sus derechos por la policía y sigue padeciendo la violencia, el abuso y la corrupción policial, en especial la que vive en las barriadas más humildes, estigmatizándola como sujetos punibles a cuya calidad son condenados por los sostenedores del sistema económico exclusor. Son esos mismos chicos, por otra parte, los arrojados al consumo de sustancias estupefacientes y los involucrados, a través de la explotación de su dependencia, en la colocación final del producto; naturalmente, los utilizados, incluso, por el propio sistema judicial para realizar el castigo ejemplificador. Una trampa a sus vidas.

Esos chicos, esa juventud, muchas veces judicializados y estigmatizados, como sus barrios, son chicos de nuestra ciudad. Tienen derecho a tener una vida que merezca ser vivida, a ir a la escuela, a capacitarse, a formarse, a aprender un oficio o una profesión, a vivir de ella, a tener una vivienda donde vivir o formar una familia si es el deseo. Tienen derecho a tener acceso a la salud en cualquiera de sus etapas y complejidad, a tener hijos o no tenerlos, sin verse excluídos por el sólo hecho de no haber sido propietarios de algún bien, ni siquiera un trabajo donde los exploten, hoy como congelados en la categoría “desocupados” donde los registra fríamente una estadística.

En las localidades del Partido la policía somete a los pibes a prácticas extorsivas para convertirlos en sus informantes -“buchones”-, a cambio de protección para quienes aceptan y de persecución y hostigamiento para quienes se resisten, sin que desde la Justicia se les brinde amparo a quienes se atrevan a denunciarlas. Este estado de cosas revela la imperiosa necesidad de contar con un organismo administrativo que llene ese vacío.

El abordaje de estas problemáticas, complejas por cierto, debe llevar a un trabajo multidisciplinario, en organismos que además del Estado incluyan a las organizaciones sociales locales, como la APDH y otras con trabajo territorial, tejiendo una red social con fuerza para llevar adelante las transformaciones sociales que exige la hora.

Hasta el momento, el abordaje de las cuestiones sociales se hace de manera fragmentada y a veces espasmódica, faltando un hilo conductor que les de un sentido claro, por lo que se pierden y desperdician recursos, siendo el fruto de estas siendo el fruto de estas acciones vanos intentos de poner parches a situaciones donde están en juego la integridad, la dignidad y la salud de las personas. No existen nexos institucionales sólidamente construidos con capacidad para dar inmediata respuesta a las situaciones límites que afectan a grupos familiares y sociales.

El diagnóstico de la situación nos indica que para combatir la corrupción policial con sus prácticas al margen de la ley, se impone el contralor civil con fuerte presencia de organizaciones sociales que hagan sus aportes, como la APDH, y organismos como el Comité contra la Tortura de la provincia, la Facultad de Derecho de la UNCIEN, el Colegio y la Asociación de Abogados.

Desde la Secretaría de Derechos Humanos Municipal propuesta, se puede brindar un servicio legal gratuito para quienes no tienen recursos, y que hoy no ven un acceso a la justicia a través del Colegio de Abogados o los tribunales azuleños, con sus fiscales y defensores oficiales.

También señalamos que en el ámbito del Partido de Azul es una deuda pendiente de la democracia la real inclusión de las personas discapacitadas o con capacidades diferentes, por lo que se debe alcanzar la meta del 4 % de cupo legal en los ámbitos estatales, mixtos y privados.

La vivienda y su problemática dejan al desnudo la falta de políticas públicas decididas y planificadas para atender una creciente demanda, asi como se ve meridianamente el entramado y maridajes en el negocio inmobiliario en Azul, donde el Estado municipal no ha tenido casi injerencia en satisfacer una demanda creciente de viviendas. Esto se traduce en propiedades y terrenos a precios cada vez más altos, alquileres cada vez más inaccesibles y escasos; y poco o nulo acceso del grueso de la población a la vivienda, en especial los trabajadores y sectores de menores ingresos, excluidos del sistema bancario hipotecario de crédito. Y la relocalización del barrio San Martín de Porres, anunciada y nunca concretada desde ninguno de los ámbitos comprometidos, empezando por el municipal.

La precarización laboral en la comuna también es otro tema preocupante para la APDH de Azul, con trabajadores no reconocidos en diversas áreas, como los tarjeteros del estacionamiento medido y pago, tal como lo hemos denunciado sistemática y públicamente desde este organismo y del que se han hecho eco también periodistas y medios de comunicación de nuestra ciudad.

En otra área, el servicio de transporte urbano de pasajeros también muestra que falta una política al respecto, dado que no llega a contemplar las necesidades de los usuarios o los potenciales usuarios, siendo una materia pendiente y a resolver.

Este diagnóstico de la situación de los Derechos Humanos se completa con la ausencia de una política municipal seria y efectiva en el plano de la Memoria sobre la dictadura más reciente. Como tarea necesaria para profundizar la democracia y el “Nunca Más” y que los golpes militares sean un mal recuerdo, en Azul hay tareas pendientes.

Desde 2006 la APDH de Azul está pidiendo que el edificio donde funcionó un centro clandestino de detención y tortura, donde fueron detenidos varios azuleños, sea señalizado y utilizado como Sitio de la Memoria. Un lugar donde los estudiantes puedan recabar información sobre esa horrorosa etapa vivida, que dejó como saldo del Terrorismo de Estado 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos. Los pueblos que no tienen memoria, están condenados a repetir lo peor de su historia, donde el lobo era el lobo del hombre y no había otra ley que la ley de la selva, el capitalismo salvaje y voraz que tritura seres humanos y recursos naturales por igual, enajenando incluso la palabra en manos de monopolios, hoy venidos a menos con una legislación que permite la propiedad de medios de comunicación para las organizaciones políticas, sociales, sindicales y culturales del pueblo.

Por lo expresado, desde la APDH de Azul se propone a los candidatos a intendente en las elecciones del 23 de octubre, que contemplen en sus plataformas electorales la creación de la Secretaría de Derechos Humanos municipal.

APDH-Azul

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