25/09/2012 - 21:21:42 hs.
En el marco de una iniciativa propuesta por el Instituto de Políticas Públicas Azuleño (IPPA), organizado en conjunto con el Centro de Estudios en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Azul (CEDH) y el Grupo de Estudios de Educación en Cárceles (GESEC Centro), se llevó a cabo la 1° Jornada sobre “Democracia y Derechos Humanos: Hacia un sistema integral de protección de derechos en situación de encierro”, a cargo del Dr. Francisco Mugnolo, Procurador Penitenciario de la Nación.
El Dr. Mugnolo presentó ante casi un centenar de personas, entre quienes se encontraban presentes representantes del Ministerio Público Fiscal, del Servicio Penitenciario, Juzgado Federal, Comisaría Primera, concejales, docentes y alumnos de la Facultad de Derecho de Azul, profesionales del derecho y público en general, un informe pormenorizado sobre la situación de las cárceles de nuestro país y de los casos de tortura que se registran tanto en unidades penitenciarias como en comisarías.
En este marco, se presentó un primer panel del cual participaron la Dra. Laura Giosa (Dir. CEDH UNCPBA) y el Prof. Ricardo Bizarra (GESEC), moderado por el Dr. Mauricio Mottile (responsable área Seguridad y DDHH IPPA), quienes realizaron un informe acerca del trabajo desarrollado por el Centro de Derechos Humanos y del Grupo de Estudio de Educación en Cárceles respectivamente. La exposición de la Dra. Giosa se basó principalmente en las presentaciones realizadas por la Comisión de Derechos Humanos ante la Corte Interamericana denunciando casos de tortura producidos en unidades penitenciarias de la Provincia de Buenos Aires. Por su parte, el Prof. Bizarra hizo mención al rol socializador de la educación en contextos de encierro, el progreso que se ha logrado en la materia en el territorio de la provincia en estos 24 años, aunque aún el programa es tomado como prueba piloto y la importancia de que los docentes de las unidades penitenciarias sean parte de la Dirección General de Educación e independientes del Servicio Penitenciario. Asimismo resaltó el mejoramiento de las condiciones edilicias y de matrícula y la ampliación de la oferta académica con incorporación de carreras terciarias y universitarias.
En un segundo panel, coordinado por el Dr. Yannibelli (Pte. IPPA), el Procurador Penitenciario Dr. Mugnolo desarrolló una serie de conceptos entre los cuales resaltó la necesidad de desmilitarizar el Servicio Penitenciario con el objetivo de mejorar un sistema que se encuentra en crisis y cuya ley de creación data de la época de la dictadura militar que lo define como una fuerza de seguridad con el objetivo de ejercer es el control y la seguridad de las unidades penitenciarias.
Asimismo, destacó la importancia de eliminar el concepto de “beneficio” como sinónimo de derecho, ya que el beneficio es una acción dativa, que depende de la autoridad que detenta el poder y lo asigna de acuerdo al desenvolvimiento del interno dentro del penal, mientras que los derechos son inherentes a la persona más allá de la situación de privación de la libertad ambulatoria, siendo éste el único contenido de la pena.
En términos estadísticos planteó la relación entre cantidad de habitantes totales y el porcentaje de personas privadas de su libertad que se da a nivel mundial, siendo el caso de Argentina (60 mil personas privadas de la libertad) de un nivel medio, visualizando a USA y otros países como los más fuertes en cuanto a encarcelamiento de las personas.
En este sentido resalto la necesidad de priorizar las inversiones en recursos en educación, trabajo, generación de industrias, y reducir el gasto destinado actualmente a la creación de ámbitos de encierro y el sistema carcelario nacional. Fundó esta propuesta en un dato de la realidad: en las cárceles sólo hay pobres, no por su condición socioeconómica, sino por la falta de oportunidades y la desigualdad en la que se desenvuelven como sujetos. Este dato se extrae de los recorridos realizados por el Procurador en sus doce años de incesante trabajo y compromiso con los Derechos Humanos, no solamente en Argentina sino en latinoamérica.
La Procuración Penitenciaria de la Nación es un órgano Extra-Poder, creado por la Ley 25.875, dependiente del Poder Legislativo dotado de plena autonomía e independencia para en principio, y como objetivo fundamental, proteger los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad en el ámbito federal y asimismo, para controlar la actuación del Servicio Penitenciario Federal. Actualmente es una institución modelo, que ha sido tomado como ejemplo a seguir en Francia y países latinoamericanos, por lo novedoso de su estructura y funcionamiento a nivel mundial.
Como cierre del panel se proyectó un video documental con registro de los casos de tortura que fuera presentado por el Procurador ante la Comisión de Derechos y Garantías del Senado de la Nación en el seno de la cual anualmente presenta el informe que plasma el trabajo realizado por el organismo en las diversas unidades penales del país.
Finalmente el Dr. Yannibelli expresó que esta actividad se enmarca dentro del área de Seguridad y Derechos Humanos del IPPA, que tiene como objetivo generar ámbitos de discusión e intercambio para la elaboración de políticas públicas que aborden de manera integral la temática de los derechos humanos en el partido de Azul. En este caso, también poner a nuestra ciudad como centro de los debates que suceden en la agenda pública nacional, provincial y regional.
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